Declaración Pública del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas – Capítulo Chileno

Compartimos la Declaración Pública del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas – Capítulo Chile, del que la ONG Paicabi forma parte, donde se expresa su profunda preocupación por el eventual delito de trata y/o tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos, tras conocerse graves irregularidades en el ingreso al país de menores de edad durante el año 2025 bajo la figura de reunificación familiar, y por la falta de debida diligencia estatal en su prevención, sanción y protección a las víctimas.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante la investigación por el eventual tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados a Chile bajo la figura de reunificación familiar

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas Capítulo Chile expresa su profunda preocupación por el eventual delito de trata y/o tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos, tras conocerse graves irregularidades en el ingreso al país de menores de edad durante el año 2025 bajo la figura de reunificación familiar, y por la falta de debida diligencia estatal en su prevención, sanción y protección a las víctimas.

Las investigaciones desarrolladas por la Contraloría General de la República revelan serias deficiencias en los mecanismos de control aplicados por el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Nacional y otros organismos competentes, incluyendo la aceptación de antecedentes no verificados, la falta de acreditación suficiente de vínculos familiares y la ausencia de controles adecuados respecto de los adultos responsables que acompañaban a los niños y niñas.

Especial preocupación genera la información proporcionada por la Fiscalía respecto de patrones que podrían evidenciar la existencia de una operación organizada. Entre los antecedentes investigados figura el ingreso reiterado de grupos numerosos de menores de edad acompañados por las mismas personas, llegando incluso a registrarse casos en que un solo adulto ingresó al país con 34 niños bajo su responsabilidad. Estos hechos obligan a considerar seriamente la eventual existencia de redes de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas u otras formas de explotación que afecten a niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, esta situación no surge de manera inesperada ni constituye una alerta nueva para las autoridades chilenas. Ya en el año 2023, el entonces Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, denunció los hechos y las agencias y líneas aéreas involucradas al Ministerio Público y advirtió formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes haitianos transportados en vuelos chárter por las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galistair, sin cumplir con la documentación exigida por la legislación migratoria vigente. En diversos oficios, el Servicio alertó que esta situación podía derivar en vulneraciones graves de derechos de la niñez y solicitó expresamente que dichos vuelos no fueran autorizados. Dichas advertencias no fueron acogidas.

Hoy resulta particularmente inquietante que la investigación iniciada por la Fiscalía vuelva a situar en el centro de los cuestionamientos los vuelos chárter, los mecanismos de reunificación familiar insuficientemente controlados y la actuación de organismos públicos que, pese a contar con antecedentes previos, no lograron impedir que esta situación se profundizara.

Por ello, como Observatorio, nos preguntamos:

• ¿Qué ocurrió con la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en 2023?
• ¿Qué diligencias investigativas fueron realizadas por el Ministerio Público desde entonces?
• ¿Qué medidas adoptaron los organismos competentes para prevenir que los riesgos advertidos se materializaran?
• ¿Por qué las mismas modalidades de ingreso, las mismas alertas institucionales y parte de los mismos operadores aparecen nuevamente en una investigación que hoy involucra a cientos de niños y niñas?

Estas preguntas son indispensables para determinar eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales, así como para esclarecer si existieron actos de corrupción, negligence grave o facilitación de actividades ilícitas por parte de funcionarios públicos o particulares.

Asimismo, estimamos necesario abordar una dimensión frecuentemente invisibilizada en el tratamiento de estos casos: la discriminación estructural que afecta a las personas migrantes haitianas dentro de los sistemas de protección y persecución penal. Durante años, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y comunidades migrantes han advertido sobre la insuficiente identificación de víctimas haitianas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otras formas de explotación. La combinación de racismo estructural, barreras idiomáticas, prejuicios institucionales y enfoques predominantemente centrados en el control migratorio ha contribuido a que numerosas situaciones de vulneración de derechos no sean detectadas oportunamente ni investigadas con la debida diligencia. Resulta imposible ignorar esta dimensión cuando observamos que cientos de niños y niñas haitianos ingresaron al país en circunstancias que hoy son objeto de investigación penal, pese a las alertas previas existentes.

Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes ante la desaparición o pérdida de trazabilidad de más de doscientos niños y niñas. La infancia y adolescencia haitiana que llega a Chile carga con el peso de la violencia, la pobreza extrema y la inestabilidad de su país de origen. Sin embargo, al llegar al país, lejos de hallar la seguridad esperada, se enfrentan a un sistema que los invisibiliza y desprotege. Esta vulneración acumulada —que marca el tránsito entre el país de origen y el país receptor— no es solo un fallo institucional, sino un golpe directo al desarrollo integral de estos niños y niñas, cuyas consecuencias físicas y psíquicas son devastadoras.

Nos preguntamos cómo fue posible llegar a este punto. Durante años se ha insistido en que el país ha fortalecido sus controles migratorios y reforzado la vigilancia fronteriza. Sin embargo, mientras se destinan importantes recursos al control y fiscalización de personas migrantes, cientos de niños y niñas lograron ingresar al país bajo procedimientos que hoy aparecen plagados de irregularidades, para posteriormente quedar fuera del alcance efectivo de los sistemas de protección. Esta contradicción exige respuestas.

Cuando las instituciones encargadas de proteger a la niñez fallan sistemáticamente en sus funciones de control, seguimiento y protección, se generan espacios de impunidad que pueden ser aprovechados por redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y otras formas de explotación. La fiscalización selectiva, centrada en ciertos grupos y omisa respecto de otros riesgos evidentes, termina debilitando la capacidad del Estado para prevenir delitos graves y proteger efectivamente los derechos humanos.

La protección de niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad absoluta e irrenunciable para el Estado de Chile. Por ello, exigimos:

1. El esclarecimiento completo de los hechos investigados por la Fiscalía Nacional.
2. La identificación y ubicación urgente de todos los niños, niñas y adolescentes cuyo paradero actualmente se desconoce.
3. La determinación de eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales de funcionarios públicos y particulares involucrados.
4. La transparencia respecto del estado de las denuncias e investigaciones iniciadas desde 2023 relacionadas con estos mismos hechos.
5. La adopción de capacitación y protocolos especializados para la detección temprana de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que afecten a niños, niñas y adolescentes.
6. La incorporación de un enfoque de derechos humanos, protección integral de la niñez y no discriminación en todos los procedimientos migratorios que involucren a personas menores de edad.
7. El fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre organismos de protección de la niñez, autoridades migratorias, Ministerio Público y sociedad civil.

La gravedad de estos antecedentes obliga al Estado a actuar con máxima diligencia, transparencia y responsabilidad. Los niños y niñas afectados no pueden transformarse en cifras ni quedar atrapados en disputas institucionales. Su protección, localización y acceso a la justicia deben constituir una prioridad inmediata.

Como Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas Capítulo Chile, seguiremos monitoreando este caso y exigiendo verdad, justicia, protección y garantías de no repetición para todas las víctimas.

Santiago de Chile, 17 de junio de 2026.